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La Intendencia de Maldonado privatiza seguridad en asentamientos

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PobreEl mejor 

maldonEn Maldonado también se siguen levantando muros, de los invisibles, más difíciles de derribar.

 Los progresistas combaten a los pobres en vez de combatir la pobreza. El ejecutivo comunal de Maldonado, decidido  luchar contra los pobres, contrata servicios de empresas de seguridad privadas para intentar evitar nuevos asentamientos en los barrios Kennedy, El Placer y Nueva esperanza, este último, más conocido como Cylsa.

Debemos recordar que mientras se construye un promedio de 300.000 m2 de apartamentos de lujo, la comuna hizo entrega de 48 viviendas sociales en todo el período pasado. El derecho a la tierra y vivienda de los trabajadores de Maldonado se ve coartado por todo tipo de especulación inmobiliaria, ascendiendo los precios de los terrenos en los barrios populares a no menos de 20.000 dólares. La población del departamento aumenta a ritmo creciente.

En los períodos 2000 - 2004 y 2005 - 2010 aumentó a un promedio de 15000 personas por período. Los nuevos pobladores de Maldonado, exiliados económicos de sus respectivos departamentos, expulsados del interior del país por el modelo celulósico-forestal y del monocultivo de la soja transgénica, llegan al este del país en busca de oportunidades laborales que se ven satisfechas solamente en las magras temporadas de verano o en los "booms" de la industria de la construcción.

La respuesta del FA a los flujos migratorios internos es la protección de la propiedad privada, en este caso la tierra, contratando empresas privadas de seguridad. En estos días un grupo de vecinos asentados recientemente en el barrio Nueva Esperanza se movilizan para obtener los servicios básicos de agua y luz.

A cambio, recibieron de los gobernantes locales la criminalización de la protesta a través de denuncias penales por la ley de Usurpación, impulsada por la bancada Maldonado, integrada, entre otros, por los diputados frenteamplistas Pablo Pérez, del sector de Oscar de los Santos y el aparente opositor, el Dr. Darío Pérez, acallado en este período, con 25 cargos de confianza, entre ellos la dirección de Desarrollo Social encargada de viviendas y asentamientos.

Este nuevo equipo de desarrollo social después de evaluar los fracasados planes de ayuda mutua y autoconstrucción, para el realojo de los asentamientos mencionados, han resuelto ya: sacar a las familias de dichos barrios para entregar esas tierras de gran valor al mejor postor o inversor privado; NO realizar ningún plan "llave en mano"; e impedir más asentamientos a través de la privatización de la seguridad, no de las personas sino de las tierras.

El gobierno frenteamplista departamental va desarrollando sus arsenal para combatir a los pobres. Leyes que criminalizan la toma de tierras, policías privados para proteger la propiedad privada de la tierra, jueces que expulsan del departamento a los pobres, prohibición de carritos de venta de panchos en Punta del Este y centro de Maldonado, prohibición de venta informal de leña y piñas, prohibición de venta de torta fritas y otros alimentos en las ferias, etc.

Punta del Este cada vez más exclusiva. A los pobres nos va quedando la organización y la lucha por Trabajo, Tierra y Vivienda.

Acá también se siguen levantando muros, de los invisibles, más difíciles de derribar.

Gabriel Ottón

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